PROPOSICION DE URGENCIA RELATIVA A LA EXCLUSIÓN BANCARIA Y FINANCIERA DE LAS PERSONAS MAYORES, de acuerdo a la fundamentación siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La presentación de esta moción nace de la constatación diaria que la banca da por supuesto que todas nosotras y todos nosotros estamos a su servicio para llevarlos a conseguir su objetivo: enriquecerse.
Casi 20 millones de españoles y españolas no poseen competencias digitales básicas, y el 8 % de la población española jamás se ha conectado a Internet. Estos son algunos datos que se extraen del Plan Nacional de Competencias Digitales, enmarcado dentro de ‘España Digital 2025’. De manera más concreta, casi un 35 % de los españoles no sabe cómo comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos al no tener los conocimientos necesarios, según los datos del INE del 2020.
Según el primer informe del Observatorio de competencias digitales y ocupabilidad elaborado por el departamento de Sociología de la UAB y la IMANcorp Foundation, uno de cada cuatro encuestados afirmó no tener competencias o tenerlas bajas.
Uno de los factores que genera más desigualdad es la edad, donde el índice de competencias digitales en el tramo de edad de entre 56 y 65 años es del solo un 8,52, reduciéndose al 5,62 en los mayores de 65.
La reciente campaña encabezada por el jubilado de 78 años Carlos San Juan, que recopiló más de medio millón de firmas en apenas una semana bajo el lema ‘Soy mayor, pero no idiota’, ha permitido amplificar un problema que se viene acentuando en los últimos años, la llamada ‘exclusión financiera’ que sufren en nuestro país millones de personas.
Esta problemática tiene dos vertientes principales. La primera de ellas es el cierre de oficinas bancarias y cajeros automáticos, especialmente acentuado en pequeños y medianos municipios, dejando sin servicios financieros esenciales a la población. En el caso de Asturias ha perdido casi la mitad de sus oficinas bancarias desde la crisis económica del año 2008. Los datos del Banco de España, actualizados a septiembre de 2021, señalan que desde que estalló la burbuja inmobiliaria la región pasó de tener 982 sucursales a las 525 actuales. No ha sido la crisis el único motivo del descenso en el número de oficinas. La creciente tendencia a la digitalización, agudizada con la pandemia, ha llevado al cierre de sucursales y a la salida de cientos de trabajadores de un sector que se encuentra aún en pleno proceso de reconversión. Entidades como Unicaja y Sabadell Herrero tienen aún pendientes de acometer cierres de oficinas en Asturias fruto de los ERE firmados el pasado año, donde se concretó la clausura de 29 sucursales en el primer caso y 33 en el segundo.
La segunda es la drástica disminución de la atención presencial en las entidades financieras que se traduce en que millones de usuarios, especialmente las personas de mayor edad, encuentren serios problemas para poder acceder a los servicios financieros básicos. Tal y como alertan los sindicatos, la merma en la atención presencial tiene estrecha relación con los despidos y el recorte de plantillas en el sector.
En el año 2019 los beneficios de la banca fueron de 11.547 millones de €, en el año 2018 llegaron a ganar 15.140 millones. En 2020, un año distópico debido a la crisis, derivada de la COVID-19, no han tenido un beneficio, principalmente, tal y como reconoce la propia Asociación Española de Banca (AEB), todas las pérdidas del sector son imputables a las mayores provisiones y a los saneamientos llevados a cabo en la primera mitad de 2020, donde los principales bancos españoles reservaron más de 12.000 millones para afrontar morosidad, en provisiones y saneamientos, ya que en los seis meses restantes los bancos ganaron 4.500 millones.
Los intereses de la banca han tenido un incremento del 3,8%. Las comisiones han bajado un 0,1% y han sido de 9.797 millones.
La Banca dice que tiene pérdidas. En su lenguaje significa que ahora gana menos que antes, se impacienta y adopta un camino que cree va a facilitar alcanzar sus objetivos. Como quiere grandes beneficios, cierra sucursales, despide personal y reduce el horario deatención al público para centrarse en las empresas y en gente con dinero. Con todas estas reducciones aspira a cobrar nuevas y cuantiosas comisiones.
Como dispone de menos personal y con un horario abierto al público más reducido,
muchas de las gestiones que se hacían por ventanilla, ahora se han de hacer por ordenador o por el cajero automático.
Hay personas a las que les cuesta operar con el cajero automático o que no se fían de dar por internet su número de cuenta por miedo a los piratas informáticos.
Hay gente, mayor y no tan mayor, incapaz de hacer frente al lenguaje de las máquinas sin la presencia de una persona que les ayude a entenderlo. Sienten inseguridad. Los ayuntamientos deben asumir esta realidad, dando seguridad y protección a la ciudadanía.
Un ayuntamiento no debe permitir que gran parte de su ciudadanía sea maltratada por la banca, tras conseguir con su dinero pingües beneficios y poner en riesgo la economía de las personas mayores al venderles productos tóxicos con publicidad engañosa.
Bancos que quieren los ingresos de nuestras pensiones para mantenernos cuentas abiertas y cobrarnos comisiones de mantenimiento.
Una banca que nos DEBE a todos los ciudadanos del Estado los 64.000 millones de euros del rescate bancario.
La fragilidad física, cognitiva, la soledad, los miedos, la inseguridad económica, pueden hacer que algunas personas acepten planteamientos financieros que benefician mucho más a la institución que a la persona mayor. Nos referimos a la renta garantizada, la hipoteca inversa, la renta para mayores… productos para enriquecerse a costa de quien tiene más necesidad.
Las entidades financieras, retirando la atención personalizada y obligando a personas de avanzada edad a lidiar con la complejidad de los cajeros automáticos y la gestión digital, están condenando a millones de personas a la exclusión financiera, encontrando serios problemas para poder acceder a servicios financieros básicos, muchos de los cuales además son cobrados por las propias entidades.
Según las distintas organizaciones de consumidores, la negativa de los bancos a atender personalmente a clientes con dificultades para acceder a los servicios en cajeros o por vía telemática supone una vulneración de la legislación bancaria y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Según señalan estas entidades, la retirada de efectivo es una operatoria básica de la cuenta corriente, por lo que es contrario a la legislación bancaria y de defensa de los consumidores negarse a gestionarla cuando el consumidor sabe o no puede realizarlo mediante el uso de cajeros automáticos.
Es tarea del conjunto de las administraciones públicas tomar las medidas pertinentes en los distintos ámbitos competenciales para garantizar que las entidades financieras faciliten el acceso a los servicios financieros básicos a la población, incluyendo en ello la atención personalizada, más cuando se ha demostrado que su ausencia supone un claro impedimento para muchísimas personas y afecta de lleno a aquellos colectivos, como las personas mayores, que tienen más dificultad para adaptarse a los procesos de tecnificación y digitalización de los servicios financieros.
En el caso de los Ayuntamientos, uno de los instrumentos con los que se cuenta es la Tasa por Ocupación de terrenos de uso o dominio público por cajeros automáticos de entidades financieras instalados en la fachada de establecimientos y manipulables desde la vía pública, que en el caso de Oviedo no está regulada por ninguna ordenanza fiscal.
Esta tasa grava el uso privativo de la vía pública por parte de los cajeros automáticos de las entidades financieras. Informes recientes sobre el uso de servicios financieros en nuestro país confirman algo de sentido común y que se puede observar fácilmente en cualquier barrio ovetense: La ausencia y disminución de la atención personalizada en las oficinas bancarias se traduce en un aumento en el uso de los cajeros automáticos para poder realizar gestiones diversas y acceder a servicios financieros básicos.
De modo que la ausencia de personal para la prestación de servicios financieros de forma presencial se traduce en mayores colas y una intensificación en el uso de los cajeros automáticos, generando un impacto a su vez en el uso, por parte de las entidades financieras, de la vía pública. El acceso a servicios financieros, y las situaciones de espera para acceder a ellos, que antes se producían en el interior de las oficinas bancarias, se producen cada vez más en la vía pública, un asunto que debe ser analizado por parte del Ayuntamiento para una necesaria actualización y adaptación del instrumento fiscal vigente a estos cambios en el funcionamiento de los servicios financieros.
Es responsabilidad del Ayuntamiento analizar y actualizar los instrumentos fiscales para adaptarlos a cambios o modificaciones tanto en el hecho imponible como en el funcionamiento de los sujetos pasivos, así como contribuir, mediante las políticas municipales a garantizar el acceso a los derechos y servicios en condiciones de igualdad para el conjunto de la población.
Por todo lo expuesto proponemos la adopción del siguiente acuerdo:
ACUERDO
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El pleno del Ayuntamiento de Oviedo acuerdo instar al equipo de gobierno a incorporar en la ordenanza fiscal relativa a la Tasa por Ocupación de terrenos de uso o dominio público por cajeros automáticos, estableciendo cuantías que graven a aquellas entidades financieras que no garanticen, mediante un protocolo preciso y elaborado con la participación de asociaciones de consumidores, la prestación de servicios financieros básicos de forma presencial a aquellas personas que lo necesiten y soliciten en horarios suficientes y adecuados a la demanda de los usuarios.
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El pleno del Ayuntamiento de Oviedo acuerda instar al conjunto de las entidades bancarias que operan en el concejo de Oviedo a reforzar los recursos para ofrecer un servicio adecuado, durante todo el horario de oficina, para cubrir las necesidades de los usuarios, en especial a la gente mayor que no puede acceder a las gestiones en línea y se ve abocada a situaciones penosas a la hora de acceder a las oficinas bancarias. Por supuesto siempre garantizando las medidas de prevención por la COVID-19.
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El pleno del Ayuntamiento de Oviedo acuerda instar al Banco de España, organismo regulador competente del sistema financiero, a procurar que los productos financieros de las entidades bancarias no contengan publicidad engañosa, instando a las entidades bancarias a no cobrar comisiones a los pensionistas y a dar información adecuada sobre servicios y productos.
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El pleno del Ayuntamiento de Oviedo acuerda trasladar el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios, a los grupos parlamentarios en la Junta General Asturiana, a la Consejería de Economía y Hacienda y al conjunto de las entidades bancarias que operan en el concejo de Oviedo y en Asturias.
Oviedo, a 01 de marzo de 2020
Fdo.
Ana Taboada Coma
Portavoz del grupo municipal Somos Oviedo/Uvieu